Los exprocuradores, Larry Robles y Vladimir Aguilar; además del actual abogado de la Procuraduría General de la Nación (PGN) Saúl Oliva, fueron denunciados por asociación ilícita, fraude, omisión de denuncia e incumplimiento de deberes.
Por Carlos Álvarez y Manuel Hernández26 de Abril de 2016 a las 11:46h
La denuncia fue planteada el pasado lunes en el Ministerio Público (MP) por la bancada Encuentro por Guatemala (EG), cuyos diputados consideraron que los señalados cometieron irregularidades para favorecer el contrato de usufructo oneroso entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Diputados de EG presentaron las denuncias ante el Ministerio Público.En el caso de Robles, EG afirma que cuando estaba al mando de la PGN, esa institución con el dictamen 4068-2012, fechado el 31 de agosto de 2012, recalcó y dio por válido el camino que el Ejecutivo tomó para suscribir el contrato de usufructo oneroso.
En dicho documento Robles contesta a Gustavo Martínez, en ese entonces secretario General de la Presidencia y quien solicitó una opinión relacionada con el contrato oneroso de usufructo entre TCQ y la EPQ, que “el negocio jurídico en cuestión no contraría normas de carácter constitucional, ni leyes ordinarias, y es acorde a las normas jurídicas sustantivas y procedimentales aplicables a la naturaleza del contrato”.
Los diputados señalan que Aguilar, quien ahora es magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), obvió su solicitud de declarar lesivo el contrato oneroso de TCQ.
El 12 de abril del 2013, la diputada Nineth Montenegro, solicitó declarara lesivo el contrato, pero el 18 de abril de ese año con el dictamen 1658-2013, la PGN respondió ya se había hecho un análisis del usufructo oneroso y hace referencia al dictamen 4068-2012, aprobado por Robles, y asegura que en este “no se advirtió ninguna ilegalidad”.
En dicho documento la PGN dice que: “la postura institucional está plasmada en los dictámenes anteriores y no está dentro del ámbito de nuestra competencia —Procuraduría de la Nación— declarar la lesividad de ningún contrato”.
Debido a la inconformidad por las respuestas de los exprocuradores, los diputados pusieron una demanda para anular el contrato de usufructo
Cuando la Sala pidió a la PGN su versión por el caso esta institución mediante Saúl Oliva, contestó en un escrito: “Se declarara con lugar la falta de personalidad, caducidad, demanda defectuosa y falta de personería de los demandantes y como consecuencia se mande a archivar en definitiva el expediente formado”. Por esta razón también se incluye a Oliva en la denuncia presentada por los diputados de EG.
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